La Asamblea Metropolitana de Tokyo aprueba en su segundo intento una política para regular contenidos de sexo y violencia extrema en menores de 18 años


Gran revuelo está despertando en el mundo otaku la nueva ley 156 que ha sido aprobada en Tokyo con la cual buscan restringir contenidos considerados de sexo o violencia extrema, en especial en personajes que aparentan ser menores de edad (antes ley anti-lolicon).



Según el decreto, que fue promovido por el Partido Democrático de ese país, y que sólo aplica a la capital japonesa, se creará una comisión que revisará y filtrará los contenidos considerados como "delitos virtuales", relegándolos al mercado de adultos (mayores de 18 años).



Para dejar bien en claro a los lectores de KANZEN que están muy asustados con la iniciativa, lo que quiere decir la norma es que a partir de julio de 2011, muchas de las series que mostraban excenas explícitas de violaciones, sexo con personajes que aparentan ser menores de edad, y violencia extrema tipo Gore, sólo podrán ser vendidos a mayores de 18 años. No se trata de una censura directa (aunque igual es censura) sino de una nueva reglamentación para regular el público que puede acceder a ese material de manga y anime (algo parecido a lo que se hace con la pornografía y las películas en cines en todo el mundo).



Eso sí, las implicaciones directas a nivel comercial que afectarán la industria, es que al reducirse el mercado al cual van dirigidos algunos géneros de manga y anime, repercutirá obligatoriamente en la baja de producciones que salgan al mercado en los géneros y temas antes mencionados.



Las protestas en contra de esta nueva ley no se han hecho esperar, ya que 10 de las más poderosas editoriales de manga de Japón, han anunciado un boicot al no asistir a la Feria Internacional de Anime de Tokio, el evento de manga más importante de la ciudad, y que es organizado por la secretaría de cultura de la capital japonesa.



Incluso Naoto Kan, el Primer Ministro nipón, publicó por medio de su blog su inconformismo con la norma, aduciendo que lo que debe primar no es la censura del gobierno sino la educación en los jóvenes sobre esos contenidos, además de que se estaría vulnerando una de las industrias más importantes para la economía de Japón.



Justo antes de ser aprobada la ley, y debido a la presión de los detractores, entre los que se encontraban varios congresistas, se agregó una cláusula "no vinculante" en la cual dice que a la hora de realizar el peritaje de los contenidos de los mangas y animes, se deben respetar los aspectos ideológicos y sociales que conllevan los argumentos y su entorno.

Sobran las palabras xD